Durante 9 meses, Andrés siguió cada paso del protocolo tras una prueba positiva de hepatitis B. Solo al llegar con la especialista descubrió que los exámenes necesarios para confirmar el diagnóstico nunca habían sido procesados por falta de reactivos.
A petición de la fuente, su nombre ha sido cambiado. Lo llamaremos Andrés. Mediana tuvo acceso a comprobantes de citas, capturas de pantalla de comunicaciones por WhatsApp, resultados de laboratorio y documentos del sistema de salud público que verifican los hechos narrados en este texto. No fue posible obtener declaraciones de fuentes médicas oficiales.
El sábado previo a un paseo familiar, Andrés y su novio fueron a una farmacia y se inyectaron ceftriaxona. Es un antibiótico de amplio espectro que solo se dispensa bajo receta médica. Ninguno de los dos tenía receta. Su novio había sido diagnosticado con gonorrea días antes y le dijo que ambos debían tratarse. Andrés no había sido examinado como tal, pero fue a la farmacia y se puso la inyección. Después fueron al paseo.
Eso fue en enero de 2024. Andrés tiene 29 años, es gay, y llevaba tres años en una relación que él describía como monógama. No frecuentaba apps de citas ni espacios de sexo casual, al menos no hasta donde él sabía. Esa última parte la dice sin dramatismo, cuenta que ha tenido tiempo suficiente de procesar lo que implica.
La semana siguiente al paseo, con el miedo razonable de haberse contagiado de gonorrea, agendó una cita en una Clínica VICITS en San Salvador por WhatsApp, como lo indica el protocolo. VICITS son las siglas de Vigilancia Centinela de Infecciones de Transmisión Sexual, clínicas especializadas del Ministerio de Salud orientadas a poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas la comunidad LGBTIQ+. La cita fue rápida. La doctora de turno hizo las preguntas de rutina, realizó un examen que no encontró señales visibles de infección, y dejó ordenadas unas pruebas de sangre para descartar enfermedades de transmisión sexual.
El 11 de noviembre de 2024, según constan en los registros a los que tuvo acceso Mediana, Andrés se hizo tomar la muestra de sangre en la clínica. La muestra fue recibida el 12 de noviembre y procesada el 20. Los resultados estuvieron listos ese mismo día. Andrés no supo nada hasta el 7 de enero de 2025, cuando le llegó un mensaje por WhatsApp de la clínica diciéndole que habían llegado los resultados y que la doctora quería leerlos en persona.
Durante la primera visita, la doctora había sido clara en algo, solo lo contactarían antes de su próxima cita programada si había un resultado de VIH positivo. Por cualquier otra cosa, esperarían. Andrés entró en pánico.
No podía contárselo a nadie. Su familia no sabía que iba a esas citas. Sus amigos tampoco. Su pareja, mucho menos. Pasó esos días solo con el teléfono y con la cabeza llena de escenarios.
La espera también forma parte del diagnóstico
El 9 de enero de 2025, la doctora leyó los resultados. Las pruebas de VIH habían salido negativas. Pero había otra línea en el informe. "Tenemos una prueba de hepatitis B positiva", le dijo. "Esta es una enfermedad de transmisión sexual y debemos remitirlo al hospital nacional más cercano, donde hay un equipo de epidemiólogos que llevará control de esto. Aquí no tenemos los insumos para seguir este caso y eso dice el protocolo”.
La doctora llenó los papeles del registro epidemiológico del Ministerio de Salud. El enfermero de la clínica VICITS gestionó una cita en el Hospital Nacional San Rafael. La fecha más próxima disponible era el 25 de febrero, tres meses después de tomada la prueba. Andrés volvió a su casa con un diagnóstico, sin tratamiento, y sin poder decírselo a nadie.
En los días que siguieron confrontó a su novio. Le dijo lo que sabía. La reacción fue negarlo todo y terminar la relación. Andrés quedó entonces enfrentando una ruptura y una enfermedad de transmisión sexual al mismo tiempo, en silencio, con el miedo adicional de la reacción de su familia que, aunque aceptaba su homosexualidad, no recibiría bien una noticia de este tipo. Redujo el consumo de alcohol por recomendación médica, ajustó su dieta para cuidar el hígado, y buscó información en Google. "Google siempre me recomendaba que eso no era un diagnóstico, que tenía que ver a un médico", recuerda. Lo que Google no calculaba es que faltaban meses para esa cita y que en su cuenta bancaria había menos de $50 dólares.
El 25 de febrero llegó al Hospital Nacional San Rafael. La espera para pasar con el médico general fue de casi tres horas. La consulta duró diez minutos. El médico lo remitió a un epidemiólogo y le indicó dos citas. Una toma de muestras de sangre y una consulta con el especialista. Para agendarlas tuvo que hacer una fila de aproximadamente una hora que en algún punto se confundía con la de las personas que esperaban afuera de los consultorios. Una trabajadora del hospital se acercó a ofrecerle agendar las citas por WhatsApp, desde una tablet con la pantalla marcada por la grasa de los dedos. Así lo hizo. El hospital volvió a contactarlo hasta el 5 de abril.
La cita para la toma de muestras quedó para el 31 de julio. La cita con el especialista, para el 19 de agosto. Seis meses después de haber ingresado al sistema.
El 31 de julio, Andrés se levantó a las 4:30 de la mañana. En bus, el recorrido al hospital le tomaba cerca de una hora. Llegó sin desayunar, como indicaba el mensaje de WhatsApp que le había enviado el hospital, con letras rojas sobre fondo blanco que decían "6:00 am" y "en ayunas". Hizo fila. Lo mandaron al laboratorio equivocado. Esperó casi una hora más entre pacientes con botellas de galón de agua envueltas en bolsas plásticas, que al principio creyó que eran regalos para las enfermeras. Eran muestras de orina. Encontró el laboratorio correcto. Cuando finalmente pasó, le llenaron uno o dos tubos con sangre. No pudo mirar por el miedo a las agujas. Le dijeron que podía retirarse. Eso fue todo. Ahora a esperar la cita de agosto para leer los resultados.
Nueve meses para volver al punto de partida
19 días después llegó la cita con la especialista. Era la espera más corta entre una visita y otra desde que todo había comenzado. En el camino al hospital, Andrés pensaba en lo que la doctora le podría decir. Pensaba en el hígado, en si ya habría daño visible, en si iba a tener que empezar un tratamiento que no podría pagar, en si alguien en su trabajo le notaría algo diferente en la cara. "Yo me decía en mi mente si se me va a notar otro color en la piel. Pensaba en que si alguien iba a prestarme tanta atención como para verme amarillo. Qué iban a pensar en mi trabajo si les decía", había confesado semanas antes. El amarillo en la piel es señal de que el hígado está fallando. Andrés lo monitoreaba cada mañana frente al espejo, en silencio, antes de salir.
En los pasillos del hospital caminó con esa carga invisible. Sintió que la gente lo miraba, aunque nadie le prestaba más atención que la que cualquiera le presta a un desconocido en un corredor lleno. No cargaba ningún marcador visible de lo que llevaba por dentro. No había nada en su ropa, en su paso, en su expresión que lo delatara. Pero eso no importaba. El estigma no necesita testigos para funcionar; opera igual de bien cuando es solo el miedo a lo que los otros pensarían si supieran. Andrés lo sabía todo desde adentro, que era gay, que tenía un diagnóstico de transmisión sexual, que lo había ocultado durante meses. Cada mirada de un desconocido en ese pasillo era una oportunidad para ensayar la vergüenza.
Llegó al consultorio con las manos heladas y las rodillas temblando. Se sentó frente a un escritorio de metal y madera con una computadora de escritorio. La doctora lo recibió, abrió su expediente y tecleó en silencio por un momento. En esa pausa, Andrés repasó mentalmente lo que venía, cuánto había avanzado la hepatitis, qué tan dañado tenía el hígado, cómo iba a cambiar su vida, si iba a poder seguir ocultando esto en su trabajo y en su casa. Tragó saliva. Estaba listo.
O eso creyó. "Hay un problema aquí con sus análisis", dijo la doctora. "No se los hicieron bien. Solo le tomaron un examen de sangre general”.
Andrés recuerda haberse quedado frío. La doctora estaba visiblemente molesta, se llevaba las manos a la cabeza, marcó un número de teléfono. Lo que escuchó del otro lado no la convenció. Hacía ruidos con la boca, movía las manos. "Lo que pasa es que no tenemos los reactivos que se necesitan para procesar las pruebas", le explicó después a Andrés. "Ya tenemos meses que no hay. Allá en laboratorio no le dicen a la gente, para que uno aquí vea cómo resuelve cuando el paciente viene. Uno no se puede quejar mucho, no puede decir nada de esto en voz alta”, confesó la doctora.
9 meses. Eso es lo que había pasado desde la primera cita en la clínica VICITS hasta este consultorio. 9 meses de madrugones, de filas, de mentiras en el trabajo, de dieta, de abstinencia de alcohol, de miedo frente al espejo cada mañana, de cargar solo con algo que no podía contarle a nadie. El sistema, en sus registros, figuraba como si hubiera cumplido. Había una orden de exámenes. Había fechas. Había un número en una hoja. Lo que no había, y lo que nunca hubo, eran los reactivos para procesar la sangre de Andrés.
El Ministerio de Salud de El Salvador publicó en 2024 sus Lineamientos técnicos para el control de las infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales. El documento establece que el diagnóstico de hepatitis B requiere la detección del antígeno de superficie confirmada mediante una prueba de carga viral por PCR, además de un panel de exámenes hepáticos para evaluar el estado del órgano. Para los pacientes que califican para tratamiento, el protocolo indica terapia antirretroviral de por vida. El mismo gobierno que firma ese documento no garantizó que los reactivos necesarios estuvieran disponibles en el laboratorio del hospital al que remitió a Andrés.
En 2014, el último año con datos públicos disponibles específicos para El Salvador, el país reportó 165 casos confirmados de hepatitis B, una tasa de 3 por cada 100,000 habitantes. Lo que los números no registran es cuántos casos nunca fueron procesados por falta de insumos.
Antes de que Andrés saliera del consultorio, la doctora dijo algo más. Contó que nunca había escuchado hablar de las Clínicas VICITS, los mismos espacios que hacía casi un año le habían detectado la enfermedad y lo habían puesto en manos del hospital. Le dijo que si uno "se andaba portando mal" podía llegar ahí. A la especialista le sorprendió que existieran. A Andrés le sorprendió que la especialista no lo supiera.
"Mire, hijo, si usted puede, hágase los exámenes en lo privado y viene", le dijo la doctora antes de despedirlo. Le anotó con su puño y letra los exámenes que necesitaba, entre ellos un ultrasonido abdominal. “Aún así le voy a dejar una nueva cita”, dijo la doctora. El próximo encuentro quedó para el 18 de noviembre. Tres meses más.
Andrés salió. No volvió. La cita del 18 de noviembre no la cumplió. Desde entonces monitorea su cuerpo buscando señales de alarma, principalmente un cambio en el tono de su piel hacia el amarillo. Hasta ahora no ha visto nada. "Si me siento mal voy a buscar alguna clínica que atienda barato", dice. "Pero no sé si me van a atender por el tipo de diagnóstico que tengo y por ser un hombre gay”.
Sus palabras son resultado de un cálculo aprendido. Según el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+, el acceso a servicios de salud adecuados para esta población se ve obstaculizado precisamente por el temor a experimentar mayor discriminación por parte del personal médico y por la falta de programas específicos que atiendan sus necesidades. Andrés ya había vivido una versión de eso, una especialista del sistema público que no sabía que las Clínicas VICITS existían. Que ante un hombre gay con una infección de transmisión sexual, la referencia disponible era que ahí llegaba quien "se andaba portando mal".
El miedo de Andrés a buscar atención tampoco nació en el vacío institucional. En febrero de 2024, el Ministerio de Salud retiró los lineamientos de atención a la población LGBTIQ+ que habían orientado la práctica clínica en el sistema público. Para el mismo observatorio, esa decisión representa un grave retroceso en el reconocimiento de esta población y la deja en desventaja para el ejercicio de su derecho a la salud. Lo que eso significa en la práctica es que personas como Andrés navegan un sistema que ha decidido, formalmente, no verlas.
Andrés sigue sin un diagnóstico confirmado. Sigue sin tratamiento. Sigue sin poder contárselo a nadie en su entorno. Dice que ha tomado sus precauciones. El sistema, en sus registros, figura como si le hubiera cumplido.
